Reformas Político-Electoral traerán transparencia e imparcialidad en próximas elecciones

Reforma en materia Político-Electoral

La aprobación el año pasado de la reforma constitucional y la reciente de las leyes secundarias en materia político-electoral que impulsó el PAN a través de sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión “garantizarán la transparencia e imparcialidad del próximo proceso electoral y permitirán sobre todo el tránsito hacia una democracia representativa y participativa a fin de transformar y modernizar el sistema político mexicano”.

En consideración del Diputado Federal Juan Bueno Torio, la aprobación de la nueva “Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales” (LEGIPE), la “Ley General de Partidos Políticos”, y la “Ley General en materia de Delitos Electorales”, así como la reforma al artículo 41 constitucional aprobada en el reciente periodo extraordinario de sesiones para que “sea causa de nulidad en elecciones federales o locales, la compra de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley”, establecen la agenda que el PAN impulsó desde el inicio de la presente legislatura que responde a las demandas de los ciudadanos a fin de contar con una estructura institucional alejada de vicios y controles del poder político federal y sobre todo estatal.

Sobresalen de la nueva “Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales” (LEGIPE), cuáles serán las causales para que el Instituto Nacional de Elecciones (INE)pueda asumir plenamente la organización de una elección local, así como atraer facultades de los organismos públicos locales, además de que clarifica en qué casos el INE podrá delegar sus funciones a los Estados y cómo será el procedimiento de nombramiento y eventual remoción de los consejeros electorales en los Estados.

Asimismo en esta nueva Ley los diputados panistas pusieron especial énfasis en facilitar y ampliar el voto de los mexicanos que viven en el extranjero, ya que un 10 por ciento de nuestros connacionales radican fuera del territorio nacional y merecen ejercitar sus derechos políticos a través de métodos flexibles, por lo que la Ley propone “exista una credencialización y la posibilidad de votar en lugares físicos en el extranjero -como Embajadas o Consulados- y también por internet”.

También en este nuevo marco normativo, el Dip. Juan Bueno Torio, enfatizó la aprobación de las candidaturas independientes, la transparencia en la fiscalización de los gastos de campaña y de los partidos políticos y la importancia de respetar a los pueblos indígenas sus sistemas normativos internos, que no necesariamente coinciden con la nueva legislación.

Reprobó de manera tajante el “haber de retiro” que los diputados priistas aprobaron para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que no es otra cosa que “una pensión vitalicia” que lastima a la mayoría de los mexicanos por la realidad económica que se vive en el país y confió en que esta reforma sea retirada por la desaprobación social que ha causado.

Al referirse a la nueva Ley General de Partidos Políticos, el legislador federal apuntó que ésta busca establecer los cauces para que la ciudadanía pueda participar activamente en los partidos o en las agrupaciones políticas, los requisitos para su constitución, registro, obligaciones y organización interna, así como su fiscalización, de manera tal que se pueda conocer la forma en que fueron gastados los recursos y con ello evitar la opacidad de los mismos.

Acción Nacional también incluyó en este dictamen la posibilidad de que se introduzcan medios alternativos para solución conflictos, a fin de que existan mecanismos eficaces para resolver los diferendos al interior de los partidos y evitar que los tribunales se saturen de juicios, así como se logró un incremento del tres por ciento al financiamiento público que los partidos deben de destinar para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Finalmente en el tema de los Delitos Electorales, los diputados panistas lograron definir directrices y establecer políticas públicas para resguardar y defender los derechos ciudadanos en materia electoral, por lo que se prevén sanciones de hasta 15 años de cárcel a quien lave dinero, condicione el voto, coarte al electorado o pretenda manipular una elección a su favor.

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